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ley de vivienda

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El COAAT Mallorca considera invasivo e intervencionista el Proyecto de Decreto que regula las viviendas desocupadas de los grandes tenedores

 

La corporación apuesta por la construcción de vivienda social frente a las políticas restrictivas de la propiedad privada

 

El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca ha presentado hoy sus alegaciones al Proyecto de Decreto por el cual se regulan las viviendas desocupadas, el registro y el procedimiento de cesión obligatoria por parte de los grandes tenedores, mediante el cual se desarrolla lo establecido en el capítulo IV de la Ley de vivienda de las Illes Balears.

La corporación considera el proyecto de decreto “demasiado invasivo” ya que un “excesivo intervencionismo en el ámbito de la propiedad privada siempre es indeseable puesto que la misma debe ser respetada en cuanto Derecho Fundamental”.

En ese sentido, advierte del riesgo “indeseado de que disminuya el parque de vivienda accesible que se ofrece en el mercado” mientras otras políticas, como las que se han puesto en práctica hasta ahora, suponen en cambio un “incentivo para la nueva construcción de viviendas”.

Entre las alegaciones presentadas se halla la solicitud de una “mayor seguridad jurídica en la inscripción en el Registro de Viviendas Desocupadas” tras observar que el decreto considera suficiente “una mera presunción por indicios para que una vivienda sea considerada desocupada” cuando una intervención de tal grado en el patrimonio de personas físicas o jurídicas “sólo debería hacerse en base a acreditaciones o pruebas concluyentes”.

Del mismo modo, quedan escasamente reguladas las comprobaciones o actuaciones encaminadas a posibilitar la cancelación de la inscripción en el Registro de Viviendas desocupadas, así como el órgano competente para realizarlas y los plazos en los que debe hacerse.

El Colegio de Aparejadores de Mallorca ha incluido también en su escrito de alegaciones la petición de una mayor seguridad jurídica en la cesión de viviendas, pues considera insuficiente la regulación para que el propietario de una vivienda que se encuentre inscrita en el Registro de Viviendas Desocupadas tenga la información necesaria para saber si su propiedad va a ser cedida o no.

Otros aspectos que han suscitado la redacción de estas alegaciones están relacionados con la imposición de gastos para el titular de la vivienda que se ha visto desposeído de la misma, que el colegio considera del todo inadecuada, o la necesidad de establecer vías de acción en caso de que se produzca un daño en el bien cedido.

Finalmente, el colegio sugiere la participación de organizaciones representativas de intereses sociales en el Jurado de Cesión de Viviendas Desocupadas, de manera que no esté únicamente constituido por representantes de la administración, como así parece determinar el proyecto de decreto; la remuneración de los profesionales que formen parte del mismo como expertos en “redactar, peritar y valorar el justiprecio de la cesión temporal de la vivienda desocupada”, favorecería dicha participación.