Coaatmca | alegaciones iee
20948
post-template-default,single,single-post,postid-20948,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

alegaciones iee

alegaciones iee

El COAAT Mallorca pide al Gobierno que trate el IEE como una herramienta útil de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos

 

La corporación presenta toda una serie de alegaciones al Proyecto de decreto para la regulación de los Informes de evaluación de edificios

 

El Colegio de Aparejadores de Mallorca ha presentado esta semana sus alegaciones al Proyecto de Decreto por el que se regulan los informes de evaluación de edificios y su Registro, ante la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears.

Entre las principales cuestiones planteadas, destaca el reiterado ofrecimiento de la corporación a la administración, en todo lo que ésta necesite en cuanto a la «revisión de aspectos técnicos relevantes para el desarrollo y ejecución del futuro decreto» o en relación a aspectos concretos como «el impulso y agilización de las inspecciones» en la necesidad de abordar «la problemática que representa la implantación del IEE en los municipios pequeños».

El colegio considera importante que se manifieste «el compromiso por parte de la administración que el IEE sea tratado como una herramienta útil para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, reconociendo todo su potencial, sin perjuicio de lo que la corporación viene defendiendo como principio rector de sus diferentes participaciones en el desarrollo normativo en diversos ámbitos: que cada una de las competencias administrativas sea ejercida -con la necesaria coordinación- dentro de su ámbito, precisamente para mayor eficacia en dicho ejercicio competencial».

 

Principales alegaciones del COAAT Mallorca

El colegio apunta que «únicamente la antigüedad del edificio» determinará «la obligatoriedad de realización del informe de evaluación», mientras que debe ser «el uso del edificio» lo que determine el contenido, a partir del ámbito de aplicación que contempla el proyecto de decreto «de evaluación del estado de conservación para los edificios de más de 30 años, que se completa con la evaluación de la accesibilidad y la eficiencia energética para los que superen los 50 años».

En este sentido, en cuanto a las exenciones previstas, se ve conveniente «ampliar los casos, excluyendo los edificios desocupados (sin uso) de la obligación de evaluación de accesibilidad y eficiencia energética, ya que pueden ser objeto de demolición o rehabilitación, y lo mismo se puede considerar para los edificios en obras o con licencia de reforma o rehabilitación concedida o en tramitación».

«La potestad concedida a los ayuntamientos para obligar a efectuar el informe a aquellos edificios que presenten graves deficiencias, aunque no obligados por antigüedad, se debería conceder igualmente para los edificios que forman parte de un conjunto, o unidad de actuación, afectados por proyectos de remodelación, regeneración o renovación urbanas, o que puedan considerarse de riesgo por estar ubicados en zonas inundables o afectadas por problemas de suelos inestables, o con deficiencias en sus infraestructuras».

El colegio ha anotado también que no es pertinente «considerar como objetivo de la evaluación orientar las personas propietarias en las actuaciones a realizar para cumplir con el deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación, ya que esto excede del contenido del mismo, que únicamente ha de consistir en la descripción de una situación».

Respecto al alcance se sugiere «contemplar la obligatoriedad de la inspección de la totalidad de las plantas, a criterio del técnico inspector, en determinados casos, por ejemplo en el caso de edificios afectados por aluminosis».

El proyecto de decreto abre la posibilidad de que el técnico proponga un estudio más detallado y con propuesta de intervención, «lo que se considera pertinente, si bien conviene aclarar que este estudio supera el concepto de mero informe y debe consistir en un peritaje, que se debe realizar con una mayor exigencia de especialización».

Entre las alegaciones presentadas se incluye también la exigencia de que se defina «claramente qué se entiende por obras de mantenimiento y obras de reforma, adaptándose a las definiciones del CTE» a lo que hay que añadir «la obligación que el mismo CTE establece, en su art. 1.4, del cumplimiento de las exigencias básicas, en la forma que reglamentariamente se establezca, en el proyecto, la construcción, el mantenimiento, la conservación, y el uso de los edificios y sus instalaciones, así como en las intervenciones en los edificios existentes. Tras la entrada en vigor de la Ley 8/2013 de 26 de junio, popularmente conocida como la ley de las tres erres, el ámbito de aplicación del CTE se amplía a las intervenciones en los edificios existentes».

Finalmente, en cuanto al registro de los informes, se señala una contradicción entre artículos «ya que únicamente se prevé que se inscriban los informes con resultado favorable», vaciando de contenido el propio registro, que tiene por objeto recopilar la información sobre el estado de conservación de los edificios de las Islas Baleares.