El Senat dona el vistiplau definitiu al text legislatiu que entrarà en vigor després de la seva publicació en el BOE
El Pleno del Senado ha aprobado, sin ningún voto en contra, la Ley de Calidad de la Arquitectura tras su paso previo por el Congreso de los Diputados. De esta forma, la aprobación es definitiva y su entrada en vigor se producirá al día siguiente de su publicación en el BOE.
El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha participado activamente en la tramitación de esta ley que abarca a todos los profesionales que intervienen en el proceso arquitectónico, entendido como el arte y la técnica de idear, diseñar, proyectar, construir, transformar y conservar, junto con la dirección y la ejecución de las obras correspondientes, edificios y espacios públicos para el desenvolvimiento de las actividades humanas.
Es la primera ley estatal que tiene por objeto proteger, fomentar y difundir la calidad de la arquitectura, declarándola como bien de interés general, lo cual genera unas consecuencias muy positivas para la Arquitectura Técnica, reforzando tanto su carácter de profesión regulada de colegiación obligatoria, como la justificación de las reservas de actividad que tiene atribuidas legalmente.
Cabe, a su vez, destacar la modificación de determinados preceptos en materia de contratación pública dirigidos a conseguir que las obras promovidas por la Administración se ajusten al principio de calidad contemplado en la Ley.
La norma incluye la creación de dos órganos fundamentales para alcanzar sus fines, como son la Casa de la Arquitectura y el Consejo de Calidad de la Arquitectura, que orientarán la actuación de los poderes públicos hacia esa necesaria calidad. Este último tendrá entre sus funciones ejercer labores de asesoramiento a órganos de contratación que así lo soliciten sobre la estimación de honorarios para la determinación de los presupuestos base de licitación de los contratos administrativos de servicios que tengan por objeto la redacción de proyectos de arquitectura y de los contratos de servicios complementarios a los contratos de obras promovidas por las Administraciones Públicas.
La nueva ley persigue también que las actuaciones de rehabilitación del parque público de edificios se guíen por criterios de calidad, integralidad y planificación previa. Todo ello con el necesario enfoque ejemplarizante que corresponde ejercer a la Administración Pública, que debe velar por la calidad y la capacitación del sector.
La norma recoge medidas específicas para promover desde los poderes públicos la difusión nacional e internacional de la Arquitectura, el apoyo a las empresas y a los profesionales españoles, el establecimiento de incentivos y premios que reconozcan la calidad, el impulso de la investigación y la innovación y, por supuesto, la protección de los valores del patrimonio construido. Además, incluye el fomento de la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas sostenibles.
