Solo un 0,6% de los edificios de viviendas en España son universalmente accesibles. Todavía un 63% de los bloques de pisos no tienen una entrada accesible desde la calle y un 22%, ni siquiera cuenta con ascensor.
A estos datos hay que sumarle la existencia de 4,3 millones de españoles con algún tipo de discapacidad (87 millones de personas en la Unión Europea), casi el 50% de ellas mayores de 65 años y el envejecimiento de una población con una movilidad reducida creciente y otro tipo de discapacidades.
Ante esta situación y con el objetivo de mejorar, el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) ha acordado la creación de una Comisión de Accesibilidad que trabajará en diversos ámbitos para optimizar el estado del parque edificado en esta materia. El tesorero del COAAT Mallorca, Pau Gomila, forma parte de esta comisión, en la que también participan representantes de Extremadura, Consejo Gallego y de los colegios de arquitectos técnicos de Álava, Barcelona, Pontevedra, Granada, A Coruña y Madrid.
Una de las primeras actuaciones de la nueva comisión del CGATE está siendo la recopilación de toda la documentación disponible en la red colegial para aglutinarla en un espacio común nacional. También se trabaja en la formación de un área de actuación específica para los profesionales de la arquitectura técnica y en la asistencia a congresos, convenciones internacionales como CONTART y otros foros profesionales en los que dar a conocer la situación y generar un debate sobre los retos y posibles soluciones a este problema.
La normativa vigente determina que los espacios y edificaciones existentes, susceptibles de ajustes razonables, tendrían que haberse adecuado a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad antes del día 4 de diciembre de 2017 (texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social). “Sin embargo, han pasado seis años desde la fecha establecida y ni siquiera la mitad del parque edificado ha cumplido el objetivo. La normativa y su estricta aplicación deben jugar un papel fundamental para avanzar significativamente en materia de accesibilidad”, según el vocal de la Comisión Ejecutiva del CGATE Rafael Luna.
En 2010 se incorporaron al Código Técnico de la Edificación (CTE) las condiciones de accesibilidad, por lo que todos los edificios construidos antes de esa fecha -la inmensa mayoría- son susceptibles de no cumplir con la normativa actual. La Comisión de Accesibilidad cree que las Administraciones (estatal, autonómica y local) son fundamentales a la hora de salvar las barreras y, pese a los esfuerzos en las dotaciones de ayudas y subvenciones para paliar la deficiencia de accesibilidad en los edificios, aún queda mucho camino por recorrer.
Las barreras arquitectónicas en edificios existentes convierten, en muchos casos, las viviendas en auténticas trampas. Según datos de la Fundación Mutua de Propietarios, 100.000 personas en España no pueden salir a la calle por no ser accesibles los inmuebles donde viven y el 22% de las personas con movilidad reducida ha tenido que cambiar de vivienda por este mismo motivo.
En los edificios españoles, las principales barreras son la aparición de peldaños en los accesos a establecimientos o portales residenciales, la dificultad en la deambulación en el interior de los locales por la existencia de espacios de reducidas dimensiones, la ausencia de servicios higiénicos accesibles o la inexistencia de ascensor entre plantas.
La Comisión de Accesibilidad del CGATE cree que, en la mayoría de casos, la cuestión económica y la falta de acuerdo entre vecinos son las causas de que no se lleven a cabo las obras necesarias para adecuar los edificios a las condiciones de accesibilidad universal. En muchos casos, estas obras tienen un coste bastante elevado, dado que hay que instalar o sustituir ascensores y, frecuentemente, las intervenciones afectan a elementos estructurales (aunque de forma parcial).
Los arquitectos técnicos tienen un papel fundamental en el asesoramiento y la gestión sobre las ayudas disponibles para las comunidades de propietarios. “Nuestra profesión es fundamental en la transición de nuestro parque edificado hacia la accesibilidad universal en edificios y entornos urbanos. Contamos con las atribuciones y las competencias necesarias para proyectar y ejecutar soluciones de accesibilidad atendiendo a parámetros económicos, normativos y dimensionales”, según Luna.
